La Contrarreforma de Mas

Noticia aparecida en el diario El País. Podéis leerla online haciendo clic aquí.

Las empresas podrán trabajar sin declaración de impacto

El daño al medio ambiente será analizado con la actividad en marcha, no antes – “Pervierte la protección”, dice un experto.

El medio ambiente empieza a concretarse como otra gran víctima de los problemas económicos que arrastra la Generalitat. El anteproyecto de la ley ómnibus que el Gobierno de CiU presentó ayer confirmó los temores generados por la supresión del departamento específico para el medio ambiente solo tres días después de que Artur Mas ganara las elecciones: los criterios de calidad y exigencia medioambiental en los que Cataluña era un referente europeo deben sacrificarse por la crisis, a ojos del Ejecutivo convergente.

La nueva ley pretende reactivar la economía catalana debilitando los requerimientos por los que un proyecto requiere pasar la evaluación de impacto ambiental en cerca de una cincuentena de supuestos. Prácticamente ninguno, sin embargo, garantiza la creación de más puestos de empleo que si el proyecto hubiera tramitado ese tipo de evaluación, clave para garantizar que una obra o infraestructura cumple con los requisitos medioambientales con el entorno. Permiten, eso sí, agilizar los trámites, pero ello repercute en beneficio de la empresa que lidera el proyecto sin que ese provecho repercuta en una dinamización de la economía.

La ley prevé en términos generales que la empresa que pretenda emprender un proyecto o actividad económica puede hacerlo sin esperar a la evaluación de impacto ambiental, lo que suele tardar una media de ocho meses. En ese caso, la empresa podría solicitar el informe a la Administración y llevar a cabo la actividad deseada sin ninguna exigencia. Quedaría sujeta, eso sí, a la inspección ordinaria para controlar el impacto de la actividad en el entorno. Pero se omite cualquier tipo de participación, debate y control en el caso de actividades irreversibles.

“Es un disparate, se pervierte la esencia de la norma y del trámite de evaluación de impacto ambiental”, valoró un portavoz de la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental. “El daño que puede hacer una actividad debe controlarse antes de que se haga. Medirlo posteriormente carece de cualquier sentido”, señaló.

La voluntad de primar la actividad económica sobre el medio ambiente se refleja en la nueva situación del parque natural del Cap de Creus (Alt Empordà). El Gobierno catalán ha decidido retirar la protección al área del valle de Santa Creu, espacio que consta con un centenario núcleo de población de 30 casas cercano a Port de la Selva, dentro del mismo parque natural. La medida, que ya intentó el anterior Gobierno tripartito pero que entonces fue rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), se justifica por la necesidad de “agilizar los trámites administrativos”. Por ello, la Generalitat ha decidido mover las fronteras del parque hasta dejar fuera la zona del valle, que pierde la protección acordada en el Plan Especial como la prohibición de edificar.

“Lamentamos mucho la decisión, que se toma por intereses urbanísticos”, declaró ayer Bárbara Schmitt, portavoz de la asociación ecologista Salvem l’Empordà, que en 2006 forzó la sentencia del TSJC que reiteró la protección especial que debe acordarse a la zona del valle. La plataforma Salvem l’Empordà recibió hace dos días la notificación por parte del Gobierno y ha decidido presentar alegaciones al anteproyecto de ley. “La Administración debería hacer las cosas bien. Es muy caro recurrir a los tribunales, y hay que esperar mucho tiempo”, continúa Schmitt recordando la anterior batalla judicial. La zona del valle es un área “con un alto valor ecológico, un hábitat muy especial”, señaló la ecologista.

De las 30 casas que hay en el valle, 28 se construyeron antes de 1900 para formar un núcleo único en la Costa Brava. “No hemos recibido aún la notificación, pero presentaremos alegaciones”, coincidió Manel Álvarez, de la asociación de vecinos de Santa Creu. Esta entidad teme que la decisión del Gobierno sea solo el principio de la destrucción del Cap de Creus. “Cualquier día pueden hacer lo mismo en cualquier otro sitio”, avisó.

Normas contra el medio ambiente

La nueva ley suprimirá la necesidad de realizar la evaluación de impacto ambiental a empresas bajo distintos supuestos “para agilizar los trámites”.

Quedarán autorizadas la captura en vivo, la cría en cautividad y la exhibición de ciertas especies de aves para “actividades tradicionales” y relacionadas “con el canto”.

Se autoriza la circulación de vehículos motorizados por las pistas y caminos forestales que delimite el Gobierno catalán.

Simplifica los trámites y deliberaciones para el uso sostenible del agua en los distintos proyectos y reduce de 50 a 25 el máximo de expertos y afectados que pueden participar en la toma de decisiones.